Nos envía Cynthia Lourdes Cienfuegos Viera (@cynthialourdes) su interesante articulo sobre transparencia, que reproducimos en nuestro blog.
*Artículo publicado en el Diario Panorama Cajamarquino, el 21 de agosto de 2017. Foto: Proyecto MIM Cajamarca.
Alguna vez hemos escuchado la frase “nadie quiere lo que no conoce”. Pues bien, aplicando esta situación al ámbito de la transparencia y de la democracia, y tomando las palabras muy acertadas del fiscal chileno Carlos Gajardo, podemos decir: “sólo aquellos que tienen información pueden tomar decisiones”. O dicho de otra manera: “ningún ciudadano puede decidir sobre los asuntos públicos si no cuenta primero con toda la información (de calidad) para ello”.
La actual Ley de Transparencia nos dice que toda la información perteneciente a las entidades de la administración pública se somete al “principio de publicidad”, salvo ciertas excepciones; es decir, no sólo el gobierno está obligado a informar, sino que reconoce el derecho ciudadano a exigir dicha información sin expresar si quiera causa alguna para ello. Entonces, ¿por qué teniendo una Ley de Transparencia y Acceso a la información pública desde hace quince años (2002) seguimos percibiendo un lento avance (y hasta retroceso) en el tema? ¿Por qué la confianza y la credibilidad entre las entidades públicas, sectores sociales y ciudadanía siguen debilitándose? Planteamos aquí algunas reflexiones:
(1) En nuestro país, el tema de transparencia aún no ha dado un paso más allá de su propia Ley. Esto ha traído consigo que su debate y propuestas sean tratados sólo desde un punto de vista legal y también académico (aspectos que aquí no vamos a desmerecer, pero que reconocemos: no ha sido suficiente), dejando de lado su concepto y reflexión desde los espacios sociales como un valor democrático y un principio ético-social indispensable para la gobernabilidad del país. Si bien se han logrado avances importantes sobre la presentación de los formatos y las herramientas para difundir la información pública (soporte, documento, registro de información), muy poco se ha puesto énfasis en cómo utilizar y aprovechar dichos insumos para la generación de análisis y la mejora en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y del propio gobierno en los asuntos públicos. Trabajar en el “cómo y para qué utilizamos la información” es una necesidad urgente. No olvidemos que uno de los impactos más importantes derivados de una cultura de transparencia es la generación de conocimiento colectivo, la formación de la opinión pública y la calidad de la participación ciudadana.
(2) El tema de transparencia ha sido abordado como un lineamiento aislado en los sectores de la administración pública. No se ha trabajado en una visión y aplicación transversal de la transparencia como valor de gobierno y del quehacer ciudadano. Esto explica que, pese los esfuerzos de verificación del cumplimiento a Ley que se realiza en los tres niveles de gobierno, muchas veces no exista un escenario de confianza y credibilidad entre ellos, debilitando por tanto la relación con la ciudadanía y las iniciativas concertadas para promover el desarrollo local.
(3) Sigue existiendo “secretismo” e información mal presentada que impide cumplir con los principios de veracidad, claridad y pertinencia de los contenidos para su adecuado análisis y posterior utilidad. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esto afirmando que “no solo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro, sino también cuando la información que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada” (PCM. 2014). Asimismo, en un contexto donde se viene impulsando el gobierno abierto y el uso de las TIC para promover sociedades más transparentes es importante analizar, desde nuestra experiencia como país, cómo se garantiza actualmente el derecho a la información pública en las comunidades rurales y en aquellas que, por su situación vulnerable, no pueden acceder a las herramientas y a los mecanismos de información dispuestos en la Ley para ser empoderados y participar activa y responsablemente en la decisiones de sus comunidades. Si no atendemos estos aspectos, aunque exista un marco normativo, se estará limitando a estos grupos a uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la información. Urge un análisis de los diferentes canales y herramientas que vienen siendo utilizados para presentar la información pública al ciudadano, así como la claridad de los contenidos.
(4) Es un error considerar que la práctica de la transparencia y de rendición social de cuentas responde exclusivamente a las entidades del sector público. Como valor social y como un principio de ética para el buen gobierno ésta debe alcanzar a todas aquellas entidades, actores, organizaciones e instituciones que tengan intervención en los asuntos públicos y un impacto directo en las comunidades y en los territorios. Así, el sector privado puede y debe promover en su organización una cultura de transparencia de cara a la comunidad en la que interviene. Un claro ejemplo es la iniciativa EITI (Transparencia de las Industrias Extractivas), de la cual Perú forma parte desde el año 2005. Y tiene como objetivo transparentar los pagos que hacen las empresas extractivas a los gobiernos y verificar que dichos recursos se destinen al desarrollo de las comunidades. En la misma línea, la rendición social de cuentas puede fortalecer también la legitimidad y la confianza en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el bienestar público (rondas campesinas, comedores populares, comités de vigilancia, juntas vecinales, entre otros).
Trascender la transparencia se refiere a esto. Su fin no es sólo mostrar y difundir información, sino hacer nuestro ese insumo y darle un uso correcto para guiar nuestras decisiones y acciones en el ámbito individual y colectivo, y dentro de nuestros espacios de intervención. El fin de la transparencia es el desarrollo como comunidad, como país. Lo que hagamos con la información que llegue a nuestras manos es lo que hará la diferencia. Para ello, es una tarea fundamental del gobierno y de la sociedad civil organizada empezar a construir una cultura de transparencia que se fortalezca, retroalimente y aplique desde las bases sociales, empoderando a la ciudadanía no sólo en el “cómo” conseguir la información, sino en el “para qué sirve y qué podemos hacer con ella”. Demos un paso adelante para ir de la simple difusión a un enfoque de desarrollo.
