El pasado 17 de febrero asistimos a la presentación del Libro: POR QUÉ LA TRANSPARENCIA de Jose Molina, Presidente del Consejo de Transparencia de Murcia. Junto a él se encontraban J. Cebrian de Economistas frente a la crisis, Esther Arizmendi Presidenta del Consejo de Transparencia de España y Jesús Lizcano Presidente de Transparencia Internacional. El acto duró aproximadamente dos horas, hubo debate entre los asistentes (unas 40 personas), resultando muy entretenido y abierto.

Aprovechamos el acto para hablar con los responsables de la transparencia en la Región de Murcia, la Consejera de Presidencia Maria Dolores Pagan y con el Director General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior Manuel Pleguezuelo (portal de transparencia de Murcia). Murcia nos deparará sorpresas positivas muy pronto.

Recomendamos sinceramente el libro de José, editado por la editorial Aranzadi.

Os dejamos la presentación que redactó nuestro amigo Jose Molina.

Agradecer a Aranzadi y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación la organización de este acto, y a los compañeros de esta mesa de debate, Esther Arizmendi, Jesús Lizcano, Odón Elorza y Jorge Fabra, y a todos aquellos que han dado su apoyo para que este trabajo se divulgara, asegurándoles que este proyecto nació colectivamente y seguirá desarrollándose gracias a ese impulso que estoy recibiendo. Trabajamos todos por una nueva sociedad, por el cambio a una cultura en donde la transparencia y el buen gobierno sea una enseña de todos sin color ni partidismos.

Y digo sin partidismos, porque siempre he tenido la concepción de mostrar “las cuentas claras” tal y como son, ese concepto popular, de que dos y dos son cuatro, por el que he luchado desde mi profesión para que los datos económicos nunca sean cocinados. Creo firmemente en los sistemas de control independientes para constatar la vida real de la economía y construir el SER de las organizaciones, y el Deber SER de los que las gestionan. Una idea de compromiso para que el sistema se perfeccione y elimine aquellos poderes no democráticos que nos oprimen.

Cuando inicié este trabajo me pregunté por dónde empezar, y pensé que un primer paso sería contar con un parlamentarismo más participativo que impulsara el control ciudadano de sus instituciones, con más eficacia en los controles financieros y más eficiencia en el gasto público. Un cambio en la responsabilidad social corporativa, mayor impulso de la participación ciudadana, y eliminar los agujeros negros del sistema. Transformar la auditoría en un componente esencial en el funcionamiento del sistema, y desarrollar una activa transparencia desde la vida local, sin olvidar un nuevo contrato social en una Europa solidaria, federada e integrada. Con un mensaje final: sin transparencia no hay democracia. Estas son las cuestiones que abordo en los doce capítulos de un libro sencillo, con unas conclusiones para servir de plataforma de debate, deseando que llegue a todos los espacios y lugares.

Es un libro desde una visión de la economía, la política y sociología participativa, para comprender que, desde los principios del sistema económico, la oferta y la demanda se conciben como transparentes, y cuando se rompe ese equilibrio, surgen los oligopolios. Y si pasamos a la teoría contable y hablamos de los “balances” pedimos claridad para conocer lo que cada uno tiene, sin maquillajes. Es el deseo de una economía transparente, para que sea garantía de un sistema equilibrado en una sociedad en donde la confianza es un principio.

Lucho para que no se adultere ninguna norma en ese funcionamiento, porque el modelo económico, sea el que sea, debe funcionar acorde con reglas, y la primera es la “regla de transparencia”, porque el sistema sin ella camina al fracaso colectivo. La transparencia consiste en ver las cosas tal y cómo son, y la opacidad, esa cultura del silencio, que niega y oculta los hechos para obstaculizar la obligación de rendir cuentas, para que los ciudadanos se “traguen las ruedas de molino” de un sistema injusto.

Hay que conseguir que la transparencia funcione en un marco de integridad nacional, y que socialmente se extienda a todos los aspectos de la vida, no solo a la economía, sino a la vida política, a sus organizaciones sociales, a las instituciones jurídicas, a la enseñanza y la cultura, y sin olvidar las creencias religiosas. Sin embargo, percibimos que en la sociedad actual existe una aguda crisis que invade la vida económica y la de las instituciones, por muy diferentes causas, y el resultado es que, sin transparencia, ni libertad, ni medios para exigirla, se reduce la actividad económica, social, o la política, a solo ruido, palabrería, acusaciones, bronca y descalificaciones. Es el cáncer que debilita el sistema económico, político, social y cultural, ensombreciendo a las muy diversas instituciones del país, quedando muy pocas que no tengan alguna sombra negativa reputacional.

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, afirmó Arquímedes en la explicación de su “teoría de la palanca”. Hoy tendríamos que trasladar ese concepto a la sociedad, afirmando que ese punto de apoyo para actuar de palanca es el ciudadano. Las acciones de reivindicación que se están desarrollando así lo ponen de manifiesto. El ciudadano es palanca para controlar el gasto, para controlar proyectos y para controlar la vida de nuestra sociedad.

Deseo impulsar otra forma de gestionar la economía, de hacer política, y de actuar en sociedad, porque estamos en un proceso de “multilogía conceptual”, donde parece que no hay contrario, porque hemos llegado tan lejos y hemos contaminado tanto que las reglas y el control hay que hacerlas de nuevo, para alejarnos de los males del pasado.

Precisamos de una nueva “transición”, nuevos controles de las instituciones, porque se han anquilosado, ejerciendo su función, mirando más a los de arriba, que a los de abajo. Por eso, importa que ese impulso democrático se realice con el consenso de todos los ciudadanos. Es una “moción de censura” al sistema por su funcionamiento desproporcionado que nos ha dejado una deuda de más de un billón de euros, sin recursos para pagarlo, con una salida impuesta y con derechos recortados.

Por eso tenemos que hablar del gobierno de las instituciones:

Si observamos nuestras instituciones públicas, y también las privadas, observamos muchas carencias en lo que denominamos el Buen Gobierno de las Instituciones. Un concepto que tiene sus raíces en la cultura de cada pueblo y que determina las formas de gobernanza desde los núcleos más reducidos hasta las más altas instituciones del Estado. Somos lo que culturalmente cultivamos, y la cultura de gobiernos opacos y de baja sensibilidad democrática ha calado profundamente.

Ese es el motivo que la desigualdad siga siendo el primer escalón de estos “malos gobiernos”. Así de claro y así de sencillo. Es por ello que buscar el objetivo de un Buen Gobierno es un concepto de perfección global, y tiene que desarrollar la convivencia ciudadana, en espacios participativos, con un decálogo fluido y cooperativo, donde la autonomía de los actos sea una realidad, sin trabas en el funcionamiento. Es la culminación de los derechos y las libertades constitucionales en la vida cotidiana, donde no se permitan las prácticas que discriminen a los ciudadanos por su condición económica, social, de raza o de género.

Sin embargo, observamos como en España se concentra la riqueza exageradamente, el 1% posee el 27 % de la riqueza, la mitad de la población se reparte el 9,7%, y el resto está distribuido entre una clase media desestructurada, que camina a una desigualdad creciente, que no se ha reducido en los últimos años, sino aumentado. El informe publicado por Economistas Frente a la Crisis, así lo pone de manifiesto. Las denuncias del Papa Francisco sobre la desigualdad en el mundo, y la insistencia de otros líderes políticos no han surtido efecto, porque el corazón de los que atesoran riqueza está endurecido por su deseo de acumulación.

Y, por otro lado, los mensajes para reducir el Estado, privatizando lo público, se realiza sin reducir duplicidades, obstaculizando la transparencia e impidiendo que los ciudadanos puedan priorizar sus gastos públicos controlando sus presupuestos. Esta obstrucción parte de ese capitalismo de amigos que nos arrastra al despilfarro y permite el fraude, por eso no es lo mismo tener un Estado burocratizado, hipotecado y del más cutre clientelismo político, que impulsar un Novísimo Estado Social de Derecho.

Es el momento del control ciudadano de las administraciones públicas:

Debemos profundizar en los ideales democráticos, y se precisa dotarles de nuevas fuerzas, y la democracia participativa, es una afirmación ideológica de los valores que nos han dado impulso para desarrollar la democracia en las instituciones.  La participación ciudadana tiene múltiples referencias en nuestra Constitución, su especifica referencia en el artículo uno, seis, siguiendo por los artículos 9, 23, 27, 45, 48, 51, … y así hasta el 168, las citas alcanzan veintiséis artículos, no es por falta de apoyo constitucional, es por un retraso en impulsar que es la hora de los ciudadanos, su momento histórico para exigir la participación en sus administraciones. Es el derecho constitucional de intervenir, controlar, comprobar, cuantos asuntos de las administraciones públicas sean precisos, levantando las barreras invisibles que limitan los conceptos de participación, control y rendición de cuentas.

Este derecho a participar en el control, lo entiendo en el sentido constitutivo del artículo 23 de la CE como una doble condición, por un lado, la facultad de participar la ciudadanía, en el sentido de la propia acción, y, por otro lado, como medida de apoyo a sus representantes políticos. Son los apoyos de una forma directa de los ciudadanos, que actúan en la misión como parte de la representación de sus elegidos y la complementan.

Y tendremos que seguir preguntándonos, para qué ¿la transparencia, la participación y la rendición de cuentas? ¿Para qué queremos la ética? ¿Para qué queremos la eficiencia? ¿Para qué queremos el buen gobierno de las instituciones? Por la razón que el gobierno corporativo ha estado en el epicentro de la reciente crisis económica, y su falta de transparencia ha causado demasiados desaciertos, con la eliminación de los mecanismos de control impidiendo que saltaran las alarmas.

Es el virus de la crisis financiera que nos persigue, y debemos replantearnos cuál es el papel de las instituciones en la sociedad moderna, y también, la importancia de los impuestos para regularlo, las deficiencias que se han puesto de manifiesto en la crisis, y el cumplimiento de la obligación de contribuir, debe ser coordinado con una democratización de la economía.

No se puede permitir que los ejecutivos gobiernen a las empresas a su manera, muchas veces muy peculiar, por no decir irregular. GALBRAITH, nos alertaba que los empresarios no tienen un derecho natural que les permita gobernarse a su aire. Por eso las medidas de control son a veces escasas, y el desgobierno del capitalismo de amigos ha invadido a los Organismos de Control de los mercados de valores, a los Bancos Centrales, a los auditores, a la RSC, y a los muy diversos organismos y comités de control, y nadie se enteraba, o no los dejaban, que ejercieran plenamente sus funciones. Las consecuencias han sido una ruina social, miles de millones de pérdidas, hundimiento del mercado laboral, una desintegración en los territorios.

Hay que democratizar la sociedad para conseguir que las estructuras de las empresas cambien. Es una nueva lógica de regulación social compartida, en donde el estado, el mercado y la comunidad, se configuran como una nueva matriz de modernidad para conseguir un equilibrio de los tres pilares, -inversores, trabajadores y sociedad- y que está demostrado su desajuste y sus deficiencias de funcionamiento. La primacía ejercida por los mercados –inversores- y amparados por un Estado hipotecado, debe transformarse, con la entrada de ese tercer pilar que ha estado marginado del proceso: la comunidad. Los ciudadanos, desde su consenso participativo, realizaran ese equilibrio representativo, que impulsará una nueva sabia capaz de impulsar esa búsqueda permanente de un Nuevo Estado Social de Derecho.

Yo pienso en una sociedad sin murallas, con respuestas fáciles a los interrogantes de los ciudadanos, con espacios abiertos y comunicados por las redes sociales, y que esa navegación por las nuevas tecnologías nos faciliten más libertad y eficiencia en la comunicación y en la gestión, una demanda para avanzar poniendo los medios al servicio de la ciudadanía, para ejercer un nuevo poder y aprovechar ese espacio técnico impulsando una democracia más abierta y directa.

Sin olvidar que para eliminar la corrupción hay que derribar muchas murallas:

No olvidemos que la Transición se hizo con los mimbres que había, y el cesto constitucional tiene demasiadas filtraciones, y debe ser impermeabilizado. Se precisa una tarea de separación de poderes. Nuestro sistema democrático está condicionado por una patología enfermiza en la creciente profesionalización de sus agentes que se dedican a la política, a causa de que no se limitan los mandatos, los partidos no tienen una vida abierta, y su estructura y sus formas de financiación son opacas. Con un sistema económico muy enquistado en un caciquismo local, regional y nacional, que se alimenta de sus fuerzas oligopolisticas y que atenaza a las instituciones por malas prácticas y el funcionamiento de   las múltiples puertas giratorias, amparado en un viejo sistema de una función pública poco renovada. Por estos motivos, Ministerios, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos y miles de organismos públicos, son permanentemente asaltados a través de las penumbras de un sistema funcionarial que tiene pendiente su gran reforma y modernización.

Es el momento de poner las cosas claras: La utilización de un recurso económico de manera impropia o no racional es un despilfarro. Se despilfarra de todo: agua, energía, alimentos, medio ambiente, el capital humano que ha de emigrar, y tantos otros… Pero hay despilfarros que sangran más, son los de los bienes comunes y públicos, incluyendo los despilfarros de los recursos presupuestarios. Lo contrario del despilfarro es la conservación, el buen uso, la economía, la eficiencia, la eficacia y la ética en la gestión. Pero estos criterios fallan. Y cuando no se respetan los principios de la economía pública ni de la ética en su gestión, hay que aplicar el código penal. Así de claro. El despilfarro es perseguible y debe exigirse como un deber social. En el informe del año 2012, la Defensora del Pueblo ya alertó de la necesidad de tipificar como delito penal el “despilfarro” de los caudales públicos.

Deseo una democracia activa, para ser más libres, y no vivir hipotecados. Quiero otro sistema, más social, más democrático, y con menos banqueros mandando, y que no se tenga que repetir en cada ciclo de la historia, ¡qué habéis hecho! con el poder que os hemos dado.  Impulsemos “la pasión cívica” para fortalecer el civismo revolucionario.

De ahí que se pida con insistencia más transparencia económica y más democracia participativa. Quizás porque la experiencia ha enseñado que hay que apostar por una gobernanza democrática con más participación en las decisiones. Y es que la confianza es necesaria para conseguir el ‘bien público por excelencia’.

Aprendamos de los errores para que el ciudadano impulse de una vez los cambios necesarios para eliminar los abusos de poder, la opacidad y la falta de independencia, porque deseamos con fuerza reencontrarnos en un nuevo proyecto constituyente en el que se corrijan los fracasos del pasado, para construir una sociedad nueva. Es la hora de la política, ese momento donde hay que examinar las propuestas. Los ciudadanos esperamos con impaciencia que las ideas de progreso se reencuentren en la dirección adecuada y que sus impulsores acierten bien en la diana. Ahora es el momento de encuentros en las ideas de progreso. Es la hora de tejer soluciones de gobierno con las mejores propuestas.

Sin olvidar que el objetivo prioritario es crear empleo, porque si somos capaces de crear empleo tendremos crecimiento económico y si tenemos crecimiento económico tendremos una vida digna, cosa que ahora está muy difícil. Se precisa huir del fatalismo, de que no hay alternativa. Porque existen alternativas, aunque se den más en plural que en singular. Lo que aparentemente es división puede convertirse en una fuerza social que avanza permanentemente caminando. Y es en ese caminar con la ciudadanía cuando los objetivos se cumplen. No se precisan propuestas cerradas, sino todo lo contrario: grandes objetivos en los que, respetando las señas de identidad, se consiga sumar lo más positivo de cada uno para conseguir un progreso social.

Esa es la clave de la esencia de la constitucionalidad social, que finalmente nos dará el mayor nivel de confianza. Será la confianza en la norma, en la sociedad, en sus instituciones –públicas y privadas- y en sus ciudadanos, la que nos garantizará el futuro, dentro del proyecto conjunto del Estado. Es el resultado de sacrificar el interés particular (o partidista) por el interés colectivo y la defensa de la convivencia, y entonces se habrá cubierto el vacío ético. Porque la transparencia es un camino que nos llevará a una sociedad más democrática, más solidaria y menos desigual. Mi aportación a este cambio os la dejo en vuestras manos, ahora el reto es colectivo. Un compromiso de todos. Lean mi libro, discutan las propuestas, y avancemos juntos buscando soluciones con más transparencia, y descubriremos entre todos porque la deseamos. Muchas gracias.

Presentación del libro: Por qué la transparencia. José Molina Molina. Editorial Aranzadi (2015) en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid 17 de febrero de 2016.