#MedirelGobiernoAbierto Reflexiones de María Dapena Gómez

Escrito por Magali Gurman

3 febrero 2020

Para concluir con el análisis de cómo el gobierno abierto afectó la gestión de los recursos humanos en el marco de #MEGA, invitamos a María Dapena Gómez a compartir sus reflexiones sobre el rol de la dirección pública en la implementación del gobierno abierto. María es la jefa del Área de Recursos Humanos y Formación del Ayuntamiento de Vigo.

A continuación, acompañamos la primera parte del aporte de María.

Para conseguir que el Gobierno Abierto sea una realidad, una de las piezas fundamentales es la dirección pública, ya que serán las personas que tengan asignadas un rol directivo quienes estén en condiciones de iniciar una nueva cultura corporativa en cada entidad que permita lograr una mayor calidad democrática.

Cuando hablamos de dirección pública es importante diferenciar entre dos ámbitos que son complementarios en el proceso de implementación y consolidación de los modelos de Gobierno Abierto:

  • la dirección política, integrada por los cargos públicos electos, quienes como representantes de la ciudadanía tienen la alta misión de gestionar, conforme a idearios y programas de acción política, una Administración Pública (estatal, federal, autonómica o departamental, y local);
  • la dirección pública no política, desempeñada por directivos públicos, que necesariamente ha de ser, como veremos, profesional, capacitada y cualificada, para liderar el proceso de cambio cultural interno que el gobierno abierto necesita para ser una realidad.

El papel del directivo público requiere de un imprescindible liderazgo interno, que permita establecer las bases y los principios que sustentarán el modelo de gobierno abierto, y que favorezca la generación de sistemas de trabajo colaborativo y en red, en los cuales el factor humano presente en cada Administración Pública se implique y comprometa en trabajar para que la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiente gestión pública sean una realidad.

También requiere de una formación y cualificación acreditativas de su condición directiva, dado que para dirigir no sólo basta con la experiencia -que es muy importante- sino que se necesita la disponibilidad de conocimientos específicos en ámbitos tan diferentes como la dirección por objetivos y la planificación estratégica; las herramientas de gestión pública y de “nueva Administración”; la innovación, tanto en la gestión pública, como en las dinámicas de trabajo, como en la puesta en valor de las capacidades del equipo humano a su cargo; o la orientación a resultados relacionados con la satisfacción del interés general, que no deja de ser aquello que resulta más favorable a la sociedad, desde una perspectiva democrática, que garantiza un estado social y democrático de Derecho.

Ello explica que la dirección pública deba ser, ante todo y sobre todo, independiente, como complemento perfecto de la dirección política -que será quien marque las directrices de gobierno- a fin de no contaminar dos ámbitos que necesitan entenderse y trabajar juntos en un común objetivo, pero sin contaminaciones mutuas (es decir, sin cargos políticos haciendo de directivos, ni directivos jugando a roles políticos). Este aspecto es especialmente sensible, dado que no es complicado imaginar que, efectivamente, existe un ámbito de confluencia entre ambos elementos cuyo deslinde radical es complejo y difícil. Así, en muchas ocasiones, los objetivos compartidos, las afinidades personales en el desarrollo de la actividad diaria, el factor ideológico o incluso el compromiso con lo público pueden llegar a provocar que exista una fina capa de niebla nublando la frontera entre un rol político y un rol directivo, impidiendo la generación de perfiles puros en uno y otro ámbito.

Para lograr que esta niebla se disipe, mejorando la definición de cada rol y favoreciendo que dos ámbitos condenados a entenderse y a trabajar unidos puedan realmente lograrlo sin merma de la calidad de las relaciones humanas y sin perjuicio a la gestión pública, es esencial que se regule normativamente el Estatuto de la Dirección Pública Profesional, contemplando sus requisitos, peculiaridades, régimen jurídico, formación específica requerida, acceso a la función directiva, carrera profesional, responsabilidad por su gestión, y desvinculación de la función sin perjuicio a su condición profesional o laboral preexistente.

Dado que el factor humano es esencial en la mejora de toda organización, es importante considerar que para un desempeño directivo excelente, que obtenga resultados medibles y que incida en la mejora del grado de apertura, transparencia y calidad democrática de un Gobierno, es esencial el respaldo y apoyo al directivo público, puesto que sin él toda misión será, casi, misión imposible. Un directivo o una directiva públicos sin medios, sin respaldo y sin un horizonte de trabajo calendarizado y orientado a resultados es una mota de polvo flotando en el espacio y en el tiempo: en cualquier momento se destruirá por el impacto de un elemento cósmico de mayor tamaño; se quedará atrapado en la cola de algún cometa, sin poder desprenderse; o se desintegrará, víctima de la energía espacial -profunda e insondable- engullido para siempre en el infinito.

En similar sentido, no es menos importante la puesta en valor del talento humano, a fin de permitir que afloren todos aquellos aspectos relacionados con competencias, capacidades y destrezas que hay en las personas que trabajan en una Administración Pública, y que contribuirán a mejorar la gestión pública, logrando que se interiorice un imprescindible cambio cultural que permita que todos los miembros de la organización se familiaricen con el concepto de gobierno abierto, con la cultura de la transparencia y de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, interiorizando en el día a día profesional la necesidad de trabajar en un contexto accesible, objetivo y plural.

Otro de los aspectos esenciales a considerar cuando se analiza el rol directivo es el de la especial consideración de la ética pública y de la integridad, conceptos ambos predicables, con singular fuerza, también del rol político en las sociedades democráticas avanzadas.

Un liderazgo directivo caracterizado por la integridad -considerada como la resistencia o inasequibilidad a la corrupción-, por un comportamiento respetuoso con las personas, con el entorno natural y medioambiental, con los derechos humanos, sociales y cívicos, así como por la observancia y cumplimiento de los límites establecidos en el  marco normativo de referencia; y por una conducta profesional, personal y humana carente de tacha es un ingrediente sin el cual no se podrá construir un auténtico gobierno abierto. Estos aspectos que hemos indicado están directamente relacionados con un pilar esencial: el de los valores humanos, que -generalmente aprendidos en el entorno personal y familiar desde la infancia, formando parte de la educación- demuestran ser, como una famosa modista venezolana de renombre internacional (Carolina Herrera) afirmó en una ocasión, “el mejor traje para la fiesta de la vida”.

Sin valores, cualquier esfuerzo político o directivo serán inútiles, puesto que, como han señalado expertos de la talla de Howard Gardner, neurocientífico, profesor e investigador en la Universidad de Harvard (USA) quien, preguntado sobre por qué hay profesionales excelentes que son malas personas, respondió que “descubrimos que no los hay. En realidad, las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. No llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes. (…) Lo que hemos comprobado es que los mejores profesionales son siempre ECE: excelentes, comprometidos y éticos (…..) no alcanzas la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia . Si no te comprometes, por tanto, con objetivos que van más allá de tus necesidades para servir las de todos. Y eso exige ética“.

Por tanto, y dentro del rol directivo facilitador del establecimiento de modelos de gobierno abierto, es esencial la disponibilidad de valores y principios éticos y de integridad, que permitan la no patrimonialización de la información pública, trabajen por la eliminación de la tan habitual opacidad en la comunicación interna y externa que deriva de la gestión de asuntos públicos, y logren eliminar núcleos de resistencia organizacional al cambio para una nueva cultura colectiva -tarea ésta última, compleja, difícil y dura, aunque no imposible, con el apoyo constante de la dirección política-.

A su vez, para la dirección política no hay mejor guía, compañía y compañera en la implementación del gobierno abierto que una dirección pública profesional, capacitada y cualificada, que sirva de bisagra engrasada para lograr que la maquinaria burocrática existente en las diferentes Administraciones Públicas funcione adecuadamente hacia un rumbo diferente al tradicional.

No es exagerado apuntar que sin un funcionamiento ético e íntegro de la dirección política, de la dirección pública profesional y de la función pública no será sostenible el sector público a medio plazo, estando abocado a su desaparición en la forma en que lo habíamos conocido desde tiempos pasados.

Una de las resistencias que, en la implementación de un gobierno abierto, se detectan en el ámbito del sector público viene dada por el temor a proporcionar demasiada información: en este aspecto, existe una tradicional resistencia a que la ciudadanía conozca el detalle de determinados ámbitos internos de gestión, los cuales, curiosamente, cuando son publicados generan una percepción positiva en la ciudadanía. Así, indicadores de transparencia referidos a datos relacionados con la gestión de recursos humanos (número de trabajadores, plantilla, categorías profesionales, retribuciones, convenio colectivo de referencia, entre otros) constituyen un elemento clave para que la sociedad conozca cómo es una administración por dentro, comprobando que nada hay que ocultar en contextos de transparencia y gobierno abierto.

Como hemos visto anteriormente, es esencial la rendición de cuentas como mecanismo de control de la gestión realizada; gestión que debe estar presidida por el objetivo de la asignación eficiente de recursos públicos, cuidando lo que es de todos y todas, y mejorando los contextos de gestión a través de la concienciación en el compromiso y en la pertenencia a un colectivo común: lo que es de todos, merece el mayor de los cuidados, ya que nos toca a todos y a todas conservarlo y mejorarlo.

En directa relación con ello, y fruto de la evolución humana, intelectual y social que el s.XXI ha conllevado, una de las prioridades esenciales es la de la mejora de la calidad democrática, tanto en las sociedades avanzadas -que no están exentas de mejorar, así como de no retroceder en los avances logrados con tanto esfuerzo- como en aquellos países que desafortunadamente no han logrado, todavía, alcanzar una situación de mejoría. Aquí, sin duda, resulta esencial el tándem dirección política-dirección pública profesional para que el avance democrático se ponga en marcha y no se quede en una quimera.

María Dapena Gómez

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