Luego de más de 50 años de vigencia de la ley franquista de información clasificada, el Ministerio de la Presidencia publicó en su página web el borrador de una nueva Ley y estableció un período de siete días hábiles para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones.
El lapso venció el pasado 12 de agosto y pasó casi desapercibido en la sociedad civil entre el debate por la crisis energética y el período vacacional del mes de agosto. Sin embargo, un día antes del vencimiento de la fecha de consulta pública, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España denunció “una censura a la opinión de la ciudadanía” y afirmó que se han limitado “los derechos de libertad de expresión e información” bajo la justificación de “salvaguardar la seguridad y la defensa nacional”
Según se detalla en el borrador, la información clasificada como alto secreto podría tardar en desclasificarse hasta 50 años. Pero, además, tendría efecto retroactivo ya que la información secreta clasificada con fecha previa a la entrada en vigor de la nueva ley pasaría a ser considerada “alto secreto”.
Al respecto, el experto en Transparencia y doctor en Derecho Miguel Ángel Blanes aseguró que “Sorprende que por un lado se aprueben leyes de transparencia y para mejorar la participación y luego se aproveche agosto para aprobar un anteproyecto sin que apenas se pueda participar”.
Además, publicó una nota en donde detalla cada uno de los alegatos que logró presentar pocos días antes del cierre y explicó en una entrevista realizada por el sitio Maldita.es que “se ha utilizado el procedimiento de urgencia para reducir los días de 15 a 7, cuando lo normal es dar al menos un mes a la sociedad para presentar alegaciones”.
Por su parte, tal como publica AccessInfo, en igual sentido se expresaron las quince organizaciones de la sociedad civil miembros de la plataforma Coalición Pro Acceso, quienes condenaron la apertura de la consulta pública “con un plazo increíblemente corto, a mediados de agosto, sobre la nueva ley de información clasificada para reemplazar a la ley franquista de secretos oficiales de 1968, aún vigente”.
