España puso en marcha la Hoja de Ruta para el diseño del V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, con la intención de generar un nuevo proceso participativo virtuoso entre las Administraciones y diversos actores de la sociedad civil. 

Se podía participar hasta el 31 de marzo en el marco de un camino orientado por las reglas y recomendaciones que el Manual de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) fija para sus miembros, y más específicamente por el Documento Marco aprobado por la Comisión Sectorial y el Foro del Gobierno Abierto.

España es miembro de la OGP desde el año de su fundación en 2011, y desde entonces implementó tres planes de Gobierno Abierto bienales y el IV Plan 2020-2024, que finalizará el 29 de octubre.

Hoy la OGP incluye a 75 países, 104 gobiernos locales (incluyendo las CCAA de País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana y la ciudad de Madrid) y miles de organizaciones de la sociedad civil con la misión de promover una gobernanza “transparente, participativa, inclusiva y responsable”. 

En ese camino, se fijó la Estrategia de OGP para el periodo 2023-2028 y luego se lanzó el “Desafío” para impulsar reformas más ambiciosas a nivel local y nacional en 10 áreas de gobierno abierto: Acceso a la información; Anticorrupción; Espacio Cívico; Clima y medio ambiente; Gobernanza digital; Apertura fiscal; Género e inclusión; Justicia; Libertad de medios; Participación pública.

Dentro de este Desafío global, se diseña este V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, con la meta de lograr nuevos avances relevantes en cada uno de estos temas.

Plazos 

El proceso de elaboración del Plan abarca todo el primer semestre del año. Acaba de completarse la fase preparatoria y de diseño, que comenzó en noviembre con un periodo de escucha previa, la redacción del Documento Marco y continuó en marzo con la etapa de Consulta Pública para recabar las propuestas de la ciudadanía.

En abril comienza la etapa de formulación y análisis de las propuestas ciudadanas e identificación de soluciones en el Foro de Gobierno Abierto, el espacio de diálogo y colaboración creado en 2018 para intervenir en la elaboración y evaluación de los Planes de Gobierno Abierto, impulsando la colaboración, transparencia, participación y rendición de cuentas. Lo componen 32 representantes de las organizaciones de la sociedad civil y 32 de las Administraciones Públicas (la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

El Foro también cuenta con una Comisión Permanente y cinco grupos de trabajo cuyos responsables rinden cuenta de los resultados que van obteniendo para cada tema: transparencia y rendición de cuentas; participación ciudadana; integridad pública; formación y sensibilización; comunicación y colaboración.

Evaluación y deudas pendientes del IV Plan 

Sin dudas, la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto debe partir de la evaluación del IV, que vienen realizando distintos actores gubernamentales y de la sociedad civil. 

Según la última información provista por los Grupos de Trabajo del Foro de Gobierno Abierto, los compromisos de los ejes de Participación, Sensibilización y Formación tienen el mayor grado de avance (se han cumplido en un 80%).  

En un punto intermedio se encuentran las iniciativas de Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias (compromiso 10), completadas en un 62% (188 iniciativas), mientras un 27% (80) están en ejecución y 8% (24) no se iniciaron. 

Por otro lado, los ejes de Transparencia (54%) e Integridad (53%) muestran el menor grado de avance, con el agravante de que el 26% de las iniciativas de Integridad ni siquiera han sido iniciadas, principalmente por la demora en la modificación de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

En cambio, los compromisos de Educación y formación en Gobierno Abierto y la Comunicación inclusiva se han completado al 100%, lo que muestra una disparidad en los grados de avance. 

Antes, el Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP, analizó el diseño del IV Plan, destacando la incorporación de novedades como el uso de la inteligencia artificial y sus desafíos, la regulación de un registro de grupos de interés y la regulación en materia de protección de denunciantes, entre otros temas incorporados a través de un amplio proceso participativo. 

En dicho análisis, calificó de “compromisos prometedores” la reforma del marco regulatorio para la transparencia y rendición de cuentas y los compromisos en materia de integridad pública, que tienen el mayor retraso.

En enero de 2022 se constituyó el subgrupo para la reforma de la Ley 19/2013 de Transparencia, con el mandato de profundizar las cuestiones como las máximas garantías en el derecho de acceso a la información, las obligaciones de publicidad activa, el impulso de la participación ciudadana y la actividad de los órganos garantes. Sus conclusiones fueron publicadas hace un año, pero la reforma sigue pendiente.  

Un dato preocupante es que según datos de noviembre del Consejo General de Economistas de España (CGE) el 68% de las ciudades incumple la Ley de Transparencia actual.

Opiniones

En cuanto a las voces más especializadas, Helen Darbishire, directora de Acces Info, es optimista con los avances, aunque considera que el proyecto de reforma de la Ley de Transparencia contiene una definición limitada de información y que su acceso debería ser un derecho fundamental, en sintonía con los estándares internacionales. Además, opina que se necesita una buena articulación con la Ley de Información Clasificada.

Por otro lado, para la periodista y profesora de Derecho de la Información Beatriz Martínez Isidoro la demora en la reforma de esta ley también estanca el modelo de Estado Abierto en el que pretende avanzar el país, ampliando las obligaciones de los órganos constitucionales en la rendición de cuentas.

Como señaló recientemente Joaquín Meseguer Yebra, secretario Ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto en España: “La transparencia es ese valor frágil, que suele no tener efectos inmediatos, en el que debemos seguir trabajando para proteger y fortalecer nuestra democracia. Merece la pena el esfuerzo que hagamos por seguir avanzando por esta senda a menudo sinuosa y con mucho bache”.

El reciente nombramiento de Carmen Cabanillas como directora de Gobernanza Pública y el ascenso de la exdirectora Clara Mapelli a secretaria de Estado de Función Pública, área que pasó del Ministerio de Hacienda al de Transformación Digital, ha sido interpretado como una muestra de voluntad del Ejecutivo para asumir el desarrollo del V Plan 2025-2029 y las políticas de Gobierno Abierto. Se trata de un período clave para España, ya que al finalizar el plan restará muy poco tiempo para el vencimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que enmarcan a su vez las metas de la OGP.