El Ejecutivo regula la actividad de los Grupos de Interés. El Gobierno endurece la legislación de las conocidas ‘puertas giratorias’, por lo que los altos cargos que abandonen la Administración, deberán esperar dos años para poder realizar actividades en el sector privado. Además, fija, por primera vez, una regulación en la influencia de los grupos de presión, más conocidos como ‘lobbies’, en el sector público.

De este modo, las medidas se alinean con el anteproyecto de Ley de Transparencia sobre los grupos de Interés que aprobó el Consejo de Ministros en primera vuelta, un texto que otorga la creación de un Registro de Grupos de Interés, que determina qué es la actividad de influencia y qué debe realizar una persona física o jurídica para que se la considere un ‘lobby’.

Los altos cargos no podrán pasar al sector privado hasta pasados dos años. ¿Y esto qué implica?, pues que cuando estos finalicen su actividad pública, no podrán trabajar para los ‘lobbies’ que formen parte del Registro de Grupos de Interés.

Las relaciones entre la Administración y los ‘lobbies’, bajo lupa

El Ejecutivo, además, advierte de que incumplir la norma tendrá un castigo de la cancelación de la inscripción como Grupo de Interés o la prohibición de hasta tres años de volver a inscribirse. Todo ello quedará supeditado a la gravedad de la sanción.

La futura legislación también recogerá las normas sobre las que se deberán producir las relaciones entre aquellos que quieren “ejercer una legítima actividad de influencia” y aquellos altos cargos, directivos y empleados de Administración que estén implicados en la toma de decisiones y procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas.

Avanzar en transparencia

Con esta norma, España da un gran paso adelante en materia de transparencia y buen gobierno, equiparándose con las democracias más avanzadas, tal y como afirmó la ministra María Jesús Montero.

El objetivo no es otro que el de comer en la misma mesa que países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, que ya cuentan con regulaciones para los Grupos de Interés.

Además, Catalunya, Asturias, Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid o Gipuzkoa ya disponen de regulaciones propias.