En el Instituto Ortega y Gasset – Marañón (Madrid), ante un aforo de 50 personas (profesionales, funcionarios y profesores universitarios), se abrió la Jornada sobre el Plan de Acción de España en Gobierno Abierto: Avances, desacierto, cuestiones pendientes y propuestas.
Como siempre, el GIGAAP ofreció una organización impecable y, por su parte, NOVAGOB sirvió de generador de la Jornada a través de uno de sus Grupos de Trabajo sobre el Plan de Acción.
A pesar de que la síntesis de la jornada refleja un Plan de Acción voluntarioso pero claramente insuficiente, tanto en la conceptualización técnica como en la práctica, los ponentes, de gran nivel y actualidad, dieron un exhaustivo repaso al Plan de Acción y la Ley de Transparencia, actualmente en tramitación parlamentaria (SENADO)
Por su parte, Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, recalcó que la transparencia es un desafío ético. Al mismo tiempo, hizo una revisión de los diferentes indicadores de Transparencia Internacional sobre el cumplimiento de los estándares de Transparencia y buen gobierno y, finalmente, realizó un recorrido sobre las deficiencias de la Ley de Transparencia: silencio administrativo negativo, falta de independencia del Consejero de Transparencia, Transparencia condicionada para Partidos Políticos, cláusula de excepción discrecional por intereses económicos y comerciales, etc.
Durante el transcurso de la ponencia, una de las preguntas de los asistentes puso de relieve que se ha excluído la obligación de acceso a la información en los recursos humanos o laborales de las Administraciones Públicas, aunque este aspecto pueda reconducirse a través de otras obligaciones, normalmente de carácter económico, que sí recoge la Ley.
Victoria Anderica, de Acces Info Europe, criticó principalmente que, al no estar definido en el Plan el concepto de Gobierno Abierto, éste corre el riesgo de desembocar en un cajón de sastre, e insistió en tratar el acceso a la información como un Derecho Fundamental. Constitucionalmente no puedo estar de acuerdo, al menos con el régimen constitucional que nos dimos en 1978. En cuanto al compromiso de la Ley de Transparencia, es un compromiso que se cumple sólo parcialmente: no es una buena Ley, no hay portal de transparencia… Anderica hizo, además, hincapié en la confusión entre Administración Electrónica y Gobierno Abierto y, finalmente, en el hecho de que el Plan establece unos compromisos que poco o nada tienen que ver con la transparencia (por ejemplo, la reducción de cargas administrativas para agricultores)
David Cabo, de CIVIO, sentó las bases del verdadero “open data”: disponible, on line y gratuíto, procesable por ordenadores y licencia abierta. Pero, a pesar de sus evidentes beneficios, el Plan no apuesta por “open data”. Señaló, así mismo, ejemplos de malas prácticas, como el portal de Córdoba, actualmente off line, subrayando también que las métricas sobre portales de transparencia son erróneas, porque ésta no solo puede ser cuantitativa. Por último, insistió en la falta de acceso a registros públicos, como es el caso del Registro Mercantil.
Para finalizar, José Félix Ontañón de OPENKRATIO, introdujo en el debate la idea de que nuestro Gobierno nos necesita. Y desde una aptitud propositiva le haremos el trabajo. Recalca Ontañón tanto si ellos no quieren o no saben hacerlo.
El debate del Grupo de Trabajo y el resumen de la jornada y resto de la documentación, nos la pone a nuestra disposición Cesar Nicrando Ruiz Rubio y lo podemos ver en GIGAAP.
PD: El profesor Villoria aporto la importancia del funcionario para que el gobierno abierto sea una realidad. Tema muy interesante y que se nos olvida.